Sinaloa se convirtió en el primer estado del país en prohibir los discursos de odio, al aprobarse de manera unánime una ley que sanciona cualquier manifestación de este tipo y que obliga al sistema educativo a promover que no se generen expresiones basadas en el odio y la discriminación.
La diputada Almendra Negrete Sánchez fue una de las impulsoras de esta legislación que advierte que los discursos de odio tienen consecuencias y cuestan vidas. “La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido muy enfática al establecer que el discurso de odio no está protegido por la Constitución”, resaltó.
El Congreso del Estado se convirtió en el primero en legislar para prohibir los discursos de odio.
La diputada Negrete agregó que nadie nace odiando, el odio se aprende, pero también puede desaprenderse, y estas reformas pretenden imponer sanciones considerables, para frenar esas expresiones que atentan contra los derechos humanos de las personas.
“Los discursos de odio son discriminatorios y siempre van dirigidos a grupos vulnerables, siembran prejuicios, estereotipos negativos y sentimientos que culminan en hechos violentos, cobrando vida de personas inocentes”, destacó en un comunicado.
Almendra Negrete se sumó al pronunciamiento para detener los discursos de odio, que dañan y cuyo impacto se potencializa con el uso de las plataformas digitales.
Precisó que las reformas aprobadas no implican limitar la libertad de expresión, sino más bien establecer límites éticos y legales para salvaguardar el bienestar general: La libertad de expresión no puede ser utilizada como una licencia para incitar al odio y a la violencia; es esencial diferenciar entre la expresión de opiniones legítimas y la promoción de mensajes que buscan dañar o marginalizar.
Se pronunció por combatir el origen de estos discursos desde la educación y el desarrollo a una vida en sociedad basada en la diversidad, el pluralismo y el consenso, así como en combatir la intolerancia y la discriminación.
Las reformas aprobadas son para prever y castigar a quien discrimine no solo de manera verbal, sino de manera escrita, de cualquier otra manera, basadas en odio, violencia o discriminación contra cualquier persona o grupo de personas.
Los servidores públicos en el desempeño de su empleo, cargo o comisión también están obligados a conducirse con respeto y libre de cualquier conducta discriminatoria e intolerancia; evitando difundir acciones o expresiones verbales y/o escritas de cualquier tipo, tendientes a denostar la dignidad de las personas basadas o motivadas en odio.
Con esta nueva ley, las autoridades educativas están obligadas a fomentar en el entorno escolar y con la comunidad educativa; padres de familia, educandos y docentes, acciones que favorezcan la inclusión y eliminando acciones o expresiones verbales y/o escritas de cualquier tipo basadas en odio y discriminación.
Sinaloa pasa a la historia siendo el primer estado del país en completar la agenda legislativa LGBTTTIQ, puntualizó la legisladora.
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