Ayotzinapa, VII aniversario

“No debe haber hecho sin derecho”: Carlos Fuentes

Ayotzinapa es ya la piedra angular del México presente. La noche de Iguala del 26 de septiembre de 2014, se volvió parteaguas y punto de partida en la consideración de muchas cosas de la vida pública de nuestro país. En materia de desaparición forzada de personas así lo es, pues habiendo un registro oficial de personas en calidad de desaparecidas desde 1964, lo acaecido con los normalistas de Ayotzinapa marca un hecho sin precedentes y establece nuevos elementos para considerar que se inicia una nueva época en el campo de las desapariciones: por la participación del Estado, del crimen organizado y por el despertar de la sociedad en respuesta ante un delito de esa naturaleza.

Ayotzinapa cuenta ya una historia compleja que refleja las complicidades en el pasado y las deficiencias en la actual administración federal para gestionar la justicia plena. Hagamos un breve resumen: el mundo condenó los hechos de la noche de Iguala de aquel 26 de septiembre y reclamó justicia para las víctimas. Las calles y las plazas públicas de las grandes urbes y de pequeños pueblos fueron tomadas en solidaridad con los familiares de los normalistas, las universidades exhibieron 43 butacas solitarias en espera de los estudiantes ausentes, los consulados mexicanos recibieron en su entorno a miles y miles de ciudadanos de todo el mundo: un verdadero arcoíris de razas, de creencias religiosas, de ideologías, de edades y sexos, exigiendo justicia.

El Estado mexicano se vio precisado a dar una respuesta ante el empuje de una sociedad agraviada y la dimensión de la solidaridad internacional. Y el Presidente Peña Nieto hizo un fallido intento de retomar la agenda nacional el 4 de diciembre de 2014 convocando “a superar ese sufrimiento”, con una frase mal acuñada y peor recibida. No sería el único paso dado en falso, pues al menos se acumularon los siguientes: la tan vapuleada “Verdad histórica” que la PGR de Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio, pretendieron presentar como la madre de todas las investigaciones en torno al caso Ayotzinapa y que sólo exhibió las grandes fallas y las abominables complicidades en las indagatorias.

Mencionemos también la ausencia de citatorios para que comparecieran elementos de la Policía Federal y del Ejército Mexicano, presentes en los acontecimientos registrados en la llamada Noche de Iguala. Luego vendrían las polémicas resoluciones del Poder Judicial: a principios de septiembre de 2016 se concede amparo a Sidronio Covarrubias, capo implicado en la desaparición de los normalistas; el 4 de junio de 2018, un tribunal de Reynosa, Tamaulipas, ordena la creación de una Comisión de la Verdad y la Justicia, ante indicios de tortura en cinco de los acusados; enseguida otorga cuatro amparos por la misma causa.

En septiembre de 2019, la defensa de los familiares declaró que con la liberación de Gildardo López Astudillo “el Gil” y sus compañeros, se perdió información muy importante para el esclarecimiento del caso de los 43 normalistas. Un poco antes de esas declaraciones que dejan un sentimiento de frustración, llegó un compromiso esperanzador de AMLO.

Fue el Estado, como lo dijo siempre la familia y la sociedad mexicana, y como lo reconoció el Gobierno de AMLO, pero al trabajo de procuración sobre el caso algo lo detiene. Pregunto, ¿El Estado es algo más que las instituciones que lo conforman de acuerdo con la Constitución? ¿El Estado subyace bajo alguna estructura de poderes fácticos que le impiden una acción autónoma? Porque a final de cuentas ni los compromisos del Gobierno federal ni las investigaciones nos acercan al conocimiento de la verdad sobre los hechos, como es nuestro derecho, ni tampoco se garantiza en este estado de cosas la justicia plena para el caso.

¿Qué hacer ante estos 7 años de ausencias de los 43 de Ayotzinapa y de una cifra oficial que hasta el mes de julio reconocía 90 mil 34 personas desaparecidas? Ninguna otra deuda pesa tanto como esta. Su dimensión habla por sí misma. Y aunque la Comisión Nacional de Búsqueda nos dice que el registro de personas desaparecidas en el país va a la baja en un 22.5 por ciento, el número total nos pone la piel chinita y el corazón late muy fuerte. El fenómeno pone de manifiesto ahora que el porcentaje de mujeres en el universo de desaparecidos alcanza el 25 por ciento. Y casi el 56 por ciento de ellas son menores de 18 años. Esto no debe pasar desapercibido por las autoridades. Ni por la sociedad.

No sabemos qué vaya a presentarse el próximo domingo 26 ante los familiares de los 43 normalistas y ante la sociedad por parte del Estado mexicano, pero sí estamos ciertos que ya se consumieron 7 largos y desesperantes años, tres de ellos del presente Gobierno, sin que la verdad toque a las puertas de las familias y de México y sin el consuelo de que la justicia plena haya ocupado el lugar que le corresponde ante los deudos de los normalistas, ante el dolor de las familias de los otros 90 mil mexicanos que no han regresado a casa y ante la historia. Vale.

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