“Los caprichos son la crónica insuperable de la locura humana, sus hipocresías, debilidades y corrupciones”: Carlos Fuentes
Esta semana fue de fuerte presencia de organismos internacionales. Y también de preocupantes noticias en materia de ataques a periodistas. Comentemos ambas situaciones: la desaparición forzada de personas y el desplazamiento por motivos de violencia, han llamado la atención del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU y del Consejo Danés para Refugiados, cada uno en su tema. El primero se presentó en Sinaloa el lunes 22 y mantuvo reuniones con colectivos de familiares que buscan desaparecidos y con representantes de las autoridades locales que tienen relación con la materia.
El Consejo Danés (organismo de la sociedad civil de larga data) está visitando a instancias no gubernamentales y activistas que atienden el problema de los desplazamientos internos. Al volver la vista hacia los difíciles días de abril y mayo de 2012, cuando comunidades enteras abandonaban sus tierras, bienes y querencia en los municipios de Choix, El Fuerte y Sinaloa, nosotros registramos las preocupaciones que el Consejo Noruego y otros similares ya expresaban sobre los desplazamientos en los estados de Chihuahua y Coahuila.
La visita del Comité contra las Desapariciones Forzadas, tardía con respecto a los días en que se inició esta terrible práctica (44 años después), encontró dos factores positivos muy importantes y que deben abonar para acercarnos a una política pública comprometida con la detención de la práctica de desaparecer personas. Me refiero a la preocupación expresada por el Gobernador Rocha Moya en los días de campaña electoral y la determinación de iniciar su primer día de gestión con un encuentro con familiares de personas desaparecidos.
Esa audiencia invita a pensar que se han abierto posibilidades desde la autoridad para avanzar en los diferentes aspectos que implica el tema de las desapariciones forzadas y que hay un movimiento de familiares al que dan cuerpo 22 colectivos, dispuestos a enfrentar todas las dificultades y a crear las condiciones para una nueva época en el doloroso problema de la desaparición forzada de personas. Esperemos que la situación observada a nivel de Sinaloa amplíe el conocimiento del Comité contra las Desapariciones Forzadas y ofrezca elementos para elaborar y recomendar directrices para una política pública más eficaz en la materia.
El Consejo Danés ha observado los desplazamientos internos en nuestro país desde hace al menos una docena de años. Y ahora hace presencia para ver más de cerca ese fenómeno que sigue creciendo geográficamente y en dimensiones estadísticas en nuestro país (como en otras latitudes). ¿Qué les interesa a nuestros visitantes? Saber la dimensión del fenómeno, las causas originarias del desplazamiento, la actitud de la población donde se refugian hacia los desplazados, las políticas públicas y sus alcances, principales demandas de los desplazados, posibilidades para el regreso a las comunidades de origen, ocupación de los jefes de familia desplazados, propuestas y proyectos económicos que surgen desde la población desplazada, dificultades de la población en edad escolar y expresiones del desplazamiento hormiga.
Pero los ataques a periodistas en Sinaloa parecen no tener valladar. Apenas el 30 de octubre pasado, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa emitió un informe sobre el estado que guarda la libertad de expresión en Sinaloa. Ese documento es una alerta para el Gobernador Rubén Rocha y las instancias gubernamentales a quienes corresponde atender situaciones como esta. Pero no ha corrido un mes y ya registramos con mucha preocupación una campaña de desprestigio en contra del periodista Felipe Guerrero Bojórquez. El patrón que se sigue es el mismo del que se da cuenta en el informe mencionado: se usan páginas falsas y nombres inexistentes (o con robo de identidad), pero al final de cuentas (en el caso reciente) no se pueden ocultar ni el interés ni el remitente que están detrás de la insidiosa campaña: presuntamente el presidente municipal de Mazatlán.
Este miércoles 24 pasado Felipe Guerrero presentó una denuncia ante la Vice Fiscalía de la Zona Sur de Sinaloa, lo acompañaron varios de sus compañeros del gremio y los movimientos de desplazados y de colonias de Mazatlán, cuyas cabezas son Miguel Ángel Gutiérrez y Miguel Ramírez Jardines. Esperemos que la suerte de esta denuncia no tenga el final de otras que, habiendo llegado a las oficinas de la Fiscalía General del Estado, siguen empolvándose en los archivos de la institución o fueron puestas en manos de la instancia federal que debe atender este tipo de denuncias, sin que pinten hacia algún responsable y con una resolución que castigue a los presuntos delincuentes.
Más allá de autonomías municipales, se supone que hemos entrado a la época de la Cuarta Transformación, esa que habla de cambios profundos del país y que debe privilegiar el respeto a la libertad de expresión, sin la cual no se puede hablar de democracia. El Gobierno de Rubén Rocha no puede permanecer como si el asunto no tuviera trascendencia, sobre todo porque los presuntos protagonistas no son primerizos, pues ya abrieron camino en esas andanzas creyendo en la impunidad que los ha cobijado atrás o hasta presumiéndose como las víctimas. La FGE debe iniciar su difícil camino con un trabajo de investigación que pinte raya respecto a la protección de los derechos humanos de los periodistas, hacer verónicas como lo hicieron las administraciones anteriores sería la peor forma de procurar justicia. Vale.
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