Denuncian una cadena de corrupción en el otorgamiento de plazas para el magisterio en Sinaloa, donde estarían involucrados funcionarios de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc), dirigentes sindicales y hasta el senador Mario Zamora.
El profesor Ramón Enrique López, ex coordinador de información y difusión de la sección 27 de SNTE, calificó como escandaloso el tráfico de plazas, ya que llegó a convertirse en un negocio rentable dentro de Sepyc.
Y es que se favoreció a maestros “desperfilados” y a profesores que resultaron ser familiares de funcionarios de la Secretaría de Educación Pública Estatal y hasta a activistas políticos afines al PRI, PAN, PRD o a grupos políticos enquistados en la dependencia.
A través de una publicación en redes sociales, detalló que estas irregularidades van de la mano con el enriquecimiento inexplicable de algunos funcionarios de primer nivel y de ciertos jefes de departamento de educación básica, contraviniendo los planes y programas federales de la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez.
La “danza de las plazas” de maestros inició del 2016 a la fecha, en un proceso donde estarían involucrados el dirigente de la Sección 27 del SNTE, Edén Inzunza Bernal, el senador Mario Zamora y el cacique Daniel Amador, “dueño” de la Sección 53 del SNTE, y quien ejerce poder en algunas áreas en la propia Sepyc.
El profesor Ramón Enrique López menciona que los funcionarios que estarían involucrados en la cadena de corrupción y tráfico de plazas son el director de Servicios Administrativos de Sepyc, el director de Recursos Humanos; el subsecretario de Planeación Educativa y los jefes de los departamentos de secundarias técnicas, generales, primarias, y el USICAM del licenciado Carlos Salazar, entre otros más que estarían muy cerca del propio secretario Juan Alfonso Mejía.
El Concurso de Oposición, método para la asignación de plazas y la inconformidad de miles de maestros que esperan una oportunidad para colocarse en las escuelas de educación básica, destapó las “cañerías” de la Sepyc, y puso al descubierto que la asignación de plazas en Sinaloa no se ajustó a las políticas del presidente López Obrador, señaló.
Como ejemplo de la situación irregular en la entrega de plazas, precisó que de julio de 2013 a 2014 en Sinaloa se liberaron o generaron 2 mil 32 vacantes para maestros a raíz de la jubilación -con dobles plazas o más-, de 916 trabajadores de educación básica, sin embargo, únicamente se sometieron a concurso 67, porque el resto fueron asignadas o están en proceso de ser entregadas a “profesores recomendados” o maestros previamente escogidos por los funcionarios de la Secretaría de Educación Estatal.
Esta situación podría generar que altas autoridades de la Secretaría de Educación Pública y de la Función Pública inicien una investigación por posibles actos de corrupción, tráfico de plazas, tráfico de influencia, robo de exámenes de USICAM, desviación de recursos (40 millones de pesos) para pago de maestros de Tiempo completo, jineteo de dineros.
En la mira estarían también una revisión al patrimonio de funcionarios de primer nivel del área de educación en Sinaloa, porque en algunos casos, sobrepasa lo que pudieran haber adquirido con sus salarios y compensaciones.
La investigación federal habría de abarcar a jefes de departamentos de educación básica.
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