En lugar de estar dedicados a dar resultados en las investigaciones para castigar a los verdaderos delincuentes, personal de la Fiscalía de Sinaloa “regaña” y amenaza con retardar los casos, cuando las víctimas vayan a denunciar ante la prensa.
El caso más reciente fue el de la señora Margarita Ventura, vecina de Huepaco, El Fuerte, que viene exigiendo justicia desde el 19 de junio de este año por la muerte de su esposo, quien fue impactado por un vehículo conducido por un maestro de la Universidad Indígena (UAIM).
Ella, su esposo y un bebé de 10 meses viajaban en una motocicleta por la carretera Los Mochis-El Fuerte cuando fueron arrollados por el profesor y desde entonces no ha logrado que haya un castigo para el responsable.
Un agente del ministerio público le advirtió que su “asunto” iba a tardar mucho en resolverse por haber denunciado ante los medios de comunicación la falta de resultados de la Fiscalía.
Y es que en medio del desespero por la grave situación económica por la que atraviesan ella y sus pequeños hijos, decidió denunciar el nulo avance en la investigaciones del caso y la aparente complicidad entre el responsable del accidente y las autoridades.
Incluso, el maestro universitario llamó a Margarita para advertirle que él iba a ganar el caso, lo que aumentó las sospechas de un posible “arreglo” con las autoridades.
A casi medio año del accidente, la familia del fallecido apenas sobrevive por la falta de su principal sostén. Ella también ha tenido problemas de salud a causa de las secuelas que le dejó el accidente.
Cabe aclarar que tras la intervención de los medios de comunicación, un abogado se hizo cargo de la defensa de las víctimas sin ningún costo.
Ahora, el mismo agente del ministerio público, convertido en juez y parte, le dijo que por la muerte de su esposo solo recibiría 40 mil pesos, una irrisoria cantidad por tratarse de la pérdida de una vida y que el irresponsable que provocó el accidente dejó a una familia indígena en total desamparo.
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