Los que verdaderamente se han “vendido” a favor de la planta de amoníaco son aquellos que constantemente defienden el proyecto de GPO, incluyendo medios de comunicación, funcionarios y representantes de organismos, que a base de mentiras insisten en que debe instalarse.
Este domingo, la manifestaciones de rechazo al proyecto crecieron, porque además de los habitantes de las comunidades indígenas, pescadores, ambientalistas, pobladores de Topolobampo y de Los Mochis, se sumaron integrantes de la Tribu Yaqui, organismos y ciudadanos de Culiacán, Mazatlán y Hermosillo.
El movimiento creció y el grito de repudio en contra de la llamada “planta de la muerte” se hizo más fuerte, sobre todo porque a base de mentiras, GPO y las mismas autoridades, quieren hacer creer que el proyecto va para adelante.
“GPO está haciendo ilegalidades como todo el tiempo, los litigios jurídicos todavía están, los jueces no han dictaminado, no han dado una sentencia, entonces los permisos para que se construya la planta no están otorgados”, afirmó Claudia Selene Quintero Sandoval, representante de la comunidad de Ohuira.
Los integrantes y simpatizantes del colectivo “Aquí no” dejaron claro que la lucha civil va a continuar porque quieren instalar la planta de amoníaco en un lugar prohibido, porque están en zona federal y territorio indígena, además de que la bahía ya está concesionada a cooperativas pesqueras.
“Semarnat no tiene porque dar concesiones para el usufructo de la bahía porque ya está concesionada a 10 cooperativas pesqueras”, expresaron.
El recorrido de la marcha inició en el cruce de Macario Gaxiola y Centenario en Los Mochis, desde donde caminaron rumbo a Topolobampo para manifestarse frente a las instalaciones de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO).
Otro de los puntos que se aclararon es que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para la construcción de la planta no se han otorgado, por lo tanto, el proyecto sigue suspendido. “Es falso, las manifestaciones de impacto ambiental eran solo para la instalaciones de unos tanques. Ni Semarnat ni nadie puede otorgar permisos, porque el litigio sigue”, aclaró Claudia Quintero en entrevista.
“Mienten, los “vendidos” que defienden a GPO, hay que decirlo, para que se sepa. GPO representa la corrupción y la empresa ha comprado conciencias y ha dividido a las comunidades indígenas, por eso decimos, fuera GPO”, dijeron quienes se sumaron a esta nueva manifestación.
Ambientalistas y pescadores aseguran que la planta de amoníaco acabará no solo con las especies de la bahía, sino que el mismo puerto de Topolobampo irá muriendo poco a poco, además del peligro que representa la gran cantidad de gas venenoso que estará almacenado en ese lugar.
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