No pocos diputados morenistas y de oposición han comentado que el desaseo financiero y moral en el Ayuntamiento de Mazatlán es tan grande, que si alguien se atreviera a meter las manos para salvar al alcalde, Luis Guillermo Benítez, la catástrofe política para MORENA sería inevitable.
Las pruebas de los desvíos ya las tiene la Auditoría Superior del Estado y el Congreso, y las bases jurídicas que sostienen las acusaciones para enjuiciar al “Químico” son tan sólidas que, en la lógica de sus principios de no robar, no mentir y no traicionar, ni el propio presidente López Obrador, la dirigencia nacional de MORENA y mucho menos el gobernador Rubén Rocha se atreverían insinuar lo contrario, a menos que estuviesen dispuestos a ofrecerse como la mejor muestra de la falsedad y el cinismo de la llamada Cuarta Transformación.
Por unanimidad, ante el enorme desaseo, los miembros de la plural Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado rechazaron la cuenta pública 2020 del Ayuntamiento de Mazatlán y, al mismo tiempo, analizaron y avalaron el dictamen de la ASE donde se da cuenta de las violaciones intencionadas a la Ley de Adquisiciones, en el caso de Azteca Lighting, otorgando adjudicaciones directas por más de 500 millones de pesos y adelantando igualmente millonarias cantidades al proveedor.
Ciertamente, una de las resoluciones de la ASE para resarcir el daño por más de 60 millones de pesos adelantados a Azteca Lighting, es regresando ese dinero, lo que ya en sí mismo significa, por la suma millonaria, una inmoralidad y una rejilla para que la podredumbre se siga reciclando.
Lo otro que los diputados han considerado, es que el daño económico se derivó de un procedimiento que violentó la ley de adquisiciones y cuyo objetivo siempre tuvo la intensión de beneficiar a un ente empresarial, por lo tanto, no se trata solo de que regresen el dinero, sino que los responsables paguen por los procedimientos violatorios de la ley que generaron el daño. No, no se están regresando a la zapatería un par de tenis.
El delito ya se cometió y no basta que regresen el dinero para luego seguir cometiendo otros. En la ley lo que menos cabe es la divisa de “pago para seguir impune” y eso justamente fue la idea que ofreció la auditora Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix, contrario al espíritu que al menos hasta ahora han mostrado algunos diputados.
Lo expuesto por la auditora generó enojo en amplios sectores de la sociedad mazatleca y la sospecha de que su pasado “quirinista” estaría influyendo para minimizar en lo posible el juicio al Químico Benítez. La idea de que, entre el hoy embajador en España, Quirino Ordaz, y el alcalde de Mazatlán existen complicidades de negocios, la fortaleció con sus declaraciones la señora auditora.
En los próximos días el pleno del Congreso votará las cuentas públicas de los ayuntamientos en base a los dictámenes entregados por la Comisión de Fiscalización y, de antemano, se da como un hecho que, principalmente la de Mazatlán, sea reprobada por unanimidad y que, en el caso de la investigación de las adjudicaciones directas a la empresa Azteca Lighting, los diputados le estarían corrigiendo la plana a la auditora porque algunos sospechan que tras la frase del diputado Feliciano Castro de que el Congreso “no será tapadera de nadie”, se escondería la intención contraria. Es decir, expresiones para justificar que la ley se aplica y que en ningún momento cometerían una injusticia llevando a juicio a un inocente.
Contra la administración de Luis Guillermo Benítez Torres, en el Congreso existe un abultado expediente con pruebas sobre presunta corrupción y violaciones a la ley pero, además, informes detallados sobre actos de orden moral ofrecidos desde el poder público, aún más ahora con las recientes imágenes de una fiesta emuladora del narcotráfico organizada en la oficina de Servicios Públicos del Ayuntamiento, cuyo titular es ahijado del alcalde. ¡Terrible!
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