AMLO eleva como su principal adversario, no al PAN ni al PRI, sino a Carlos Loret

El fantasma de la preocupación en serio se anida hoy en las mentes pensantes, más ecuánimes, de la élite de Morena y de la llamada Cuarta Transformación: El presidente Andrés Manuel López Obrador eleva a la categoría de enemigo importante de su proyecto a un periodista: Carlos Loret de Mola.

Más allá del argumento de que Loret representa los intereses de los llamados “neoliberales”, la figura de lo que debiera ser un estadista se ha centrado, a lo largo de una semana, en tratar de combatir una denuncia sobre presuntas corruptelas de uno de los hijos del presidente y, en lugar de pedir que se abra una investigación al respecto, como legal e institucionalmente debe ser, arremete desde el púlpito mañanero contra quién lo denunció.

Y no solo eso, el máximo representante del Estado Mexicano utiliza su poder para exhibir datos fiscales que violentan la secrecía hacendaria de los particulares y abiertamente ordena a sus subalternos, (Secretaría de Hacienda) una investigación en torno a los ingresos del periodista que denunció las presuntas corruptelas de su hijo.

Aquí no se trata de si Carlos Loret de Mola tiene o no razón, si representa o no intereses de los que el régimen considera sus enemigos, de lo que se trata es del uso de la representación constitucional del Estado Mexicano de frente a los derechos de los ciudadanos para realizar cualquier actividad legal y, sobre todo, el respeto al pensamiento en cualquiera de sus manifestaciones, en este caso el libre ejercicio de la libertad de expresión desde la óptica del periodismo.

Resulta constitucionalmente y políticamente desconcertante que el presidente ordene una investigación hacia quien hace la denuncia de corrupción en contra de su hijo, cuando lo primero que debió hacer es solicitar formalmente  a la autoridad correspondiente, en este caso a la Fiscalía General de la República, que se investigara y se deslindaran responsabilidades en torno al trabajo periodístico que involucra a José Ramón López en tráfico de influencias y presuntas riquezas obtenidas a través de millonarios contratos con Petróleos Mexicanos.

Al presidente no le corresponde defender a su hijo ante este tipo de señalamientos que entran en el ámbito legal porque no tiene facultad para ello; al presidente le compete deslindarse de los presuntos trafiques de su hijo para que él se defienda en el contexto legal porque las acusaciones son graves. Primero porque José Ramón es un ciudadano con los mismos derechos de todo mexicano y, segundo, porque involucra a su padre el presidente quien, efectivamente, debió haber asumido el papel que le corresponde: El de la ley.

López Obrador antes que nada es el Presidente de México, más allá de que sea padre del señalado. Por lo tanto, no debe utilizar la presidencia para defender a su hijo aunque las acciones de éste lo impliquen y, por eso mismo, desde el inicio debió haber solicitado una investigación ante la autoridad correspondiente, tal y como lo hizo Enrique Peña Nieto ante la Función Pública por el escándalo de la Casa Blanca y que, al menos, cubrió las formas constitucionales.

Si López Obrador se cree atacado en el ámbito político a través de una investigación periodística para demeritar a su gobierno, su primer defensa hubiese sido la ley, tal y como corresponde a un estratega sensato. Si él cree que se trata de golpeteos mediáticos y políticos hizo todo lo contrario: Viralizó la denuncia y elevó a la categoría de hombre peligroso para su proyecto de gobierno a Carlos Loret de Mola, cuyos bonos en el ámbito nacional e internacional se multiplicaron.

Ni el PRI ni el PAN han tenido la capacidad de desquiciar al actual gobierno, tanto como lo ha hecho el portal de noticias Latinus que emergió apenas en este sexenio y cuyas figuras, Loret y Brozo, con frecuencia le pegan en la línea de flotación a la que debiera ser una poderosa política de comunicación social de la Cuarta Transformación, a cuyo titular, Jesús Ramírez, desde el interior de la 4T,  lo hacen responsable del desastre mediático y por ejercer un radicalismo que ha abonado en mucho a la polarización social y al enfrentamiento con medios y periodistas serios.

Hubiese bastado desde el inicio, ante la denuncia de Loret, solicitar una investigación a los contratos de PEMEX con la empresa cuyo accionista importante es dueño de las casas de lujo en las que ha vivido su hijo en Estados Unidos, y si ello se tipifica como tráfico de influencias o como otros delitos que pudieran estar dentro de la versión periodística.

Si esta hubiese sido la ruta, es decir, enfilar la denuncia por el carril constitucional, los efectos mediáticos no hubieran desdibujado tanto la figura del presidente quien, por el contrario, se montó no solo en la confrontación contra un ciudadano cuyo ejercicio periodístico lo desbordó emocionalmente, al grado de responder a lo que considera infundios y ataques, igualmente con ataques y exhibición de datos personales que por ley deben estar protegidos, más allá de cómo obtenga los recursos económicos una persona moral o física.

Por eso justamente, hay alarma, alerta y preocupación en la élite del gobierno y de Morena por las repercusiones e impacto negativo que este tipo de conducta presidencial pueda tener en las próximas elecciones, tanto en las que habrá este año y las de la sucesión presidencial en 2024. Ya veremos