El anuncio de que se va a cambiar la empresa recolectora de basura en Ahome podría representar un negocio de casi 5 mil millones de pesos, además de que la forma como se pretende llevar a cabo es ilegal, afirmó José Luis Polo Palafox.
“Luego de analizarlo, nos pareció muy apresurado, al vapor, inconsistente, y hasta podemos decir que es ilegal e inconstitucional”, afirmó el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa -FEDASIN-.
Criticó que siempre, antes de concesionar este tipo de servicio, los alcaldes pintan a las empresas como que son las mejores del mundo, pero en este caso, el alcalde Gerardo Vargas asegura que RCRWTE es la mejor en todo.
Polo Palafox aseguró que en Ahome se pretende transferir la concesión de OP Ecología a otra empresa, algo que jurídicamente es imposible porque no se pueden transferir derechos. “En todo caso se tiene que generar una nueva licitación pública y consecuentemente votarla”, asentó.
Sin embargo, precisó que a los regidores ni siquiera les han turnado los contratos, mucho menos el proyecto de transferencia de concesión.
El dirigente de la Fedasin señaló que siempre que se hacen las cosas al vapor se genera la sospecha de que se trata de asuntos irregulares. “La Federación de Abogados sostiene que bajo las condiciones en que se está llevando a cabo esta supuesta concesión es ilegal”, puntualizó.
Polo Palafox reiteró que la supuesta licitación es ilegal, porque la ley establece que se deben licitar públicamente y que solo en temas de seguridad nacional o por ser único proveedor de ese servicio en el mundo se puede otorgar una concesión sin licitar.
Consideró que por la forma como se viene llevando a cabo este asunto, se generan sospechas de que se están haciendo negocios al amparo del poder, por eso es importante detener el cambio que se pretende hacer y transparentarlo
Además, dijo que de acuerdo con los antecedentes que están en poder de Fedasin sobre la empresa que pretenden concesionar en Ahome, ya fue rechazada en Ciudad del Carmen, Campeche, y en Atlajomulco de Zúñiga, único municipio donde está operando, su concesión se dio previa licitación pública.
Incluso, no descartó que se pueda tratar de una “empresa fachada” porque su apoderado legal ha venido ofreciendo desde 2009 diferentes servicios bajo contratos de hasta 25 años.
“No hay información de esta empresa en internet o redes sociales disponible para consultar su antigüedad, sus casos de éxito, su sede o paradero”, reveló.
El abogado y notario público emplazó a los representantes de la empresa RCR Ambiental y al mismo alcalde Gerardo Vargas a comparecer públicamente para aclarar todas las dudas y supuestas irregularidades, porque hasta el hecho de ser internacional y que cotiza en la bolsa al parecer es falso.
Al final, pidió también que se aclare si el gobernador Rubén Rocha está enterado de esta situación, porque en todo caso, se debe seguir el ejemplo que el mandatario a dado al tratar todos los temas con apertura y transparencia.
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