El gobierno de México pedirá perdón a la familia del periodista José Alfredo Jiménez Mota, quien está desaparecido desde 2005, como un acto de reconocimiento público de la responsabilidad del estado.
El acto será encabezado por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez el miércoles 8 de diciembre en Empalme, Sonora, tierra natal del reportero.
La petición de una disculpa se hará ante los padres del periodista, el señor Alfredo Jiménez Hernández y la señora Esperanza Mota Martínez, además de su hermana Leticia Jiménez Mota.
Se prevé también la asistencia del gobernador, Alfonso Durazo Montaño; de Luis Fuentes Aguilar, presidente municipal de Empalme, y un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
El lugar del encuentro será la Plaza Independencia conocida como “El Tinaco”, donde además se firmará el Acuerdo de Solución Amistosa sobre el Caso “CIDH 13.007”, Alfredo Jiménez Mota.
El gobierno federal informó que con este acto público se busca colaborar con el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
Cabe recordar que José Alfredo Jiménez Mota desapareció en Hermosillo, Sonora, cuando tenía 25 años de edad y cinco años de experiencia en el periodismo, labor que ejerció primero en Sinaloa y luego en Sonora.
Los archivos en torno al caso Jiménez Mota destacan que el 2 de abril de 2005 desapareció mientras cubría temas vinculados al crimen organizado y a la seguridad pública para el periódico El Imparcial de Hermosillo.
El caso fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 11 de marzo de 2009, tras una investigación realizada por la Unidad de Respuesta Rápida de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en México.
La CIDH concluyó que tiene competencia para analizar el caso y que la petición de la SIP es admisible, por lo que estableció la posibilidad de alcanzar una solución amistosa e informó que aprobó un informe sobre el caso al que asignó el número de referencia “13.007”.
Entre los argumentos presentados por la SIP a la CIDH se destacó que en este caso se violaron garantías constitucionales que se extienden más allá del periodista.
Se afectó además a su familia, en su derecho a la verdad; a sus colegas por la impunidad y el incumplimiento del Estado en proveer seguridad para desarrollar su oficio con independencia y seguridad. (Con información de El Universal)
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