Para la mayoría de los mexicanos queda claro que el régimen de Andrés Manuel López Obrador no tiene oposición partidista. Los partidos políticos opositores están desmantelados y sus líderes no pasan de la declaracionitis coyuntural. A eso se dedican, mientras cada día pierden más adeptos.
En realidad, los verdaderos adversarios y enemigos del régimen no están en los partidos, porque estos dejaron de ser funcionales para los dueños del poder económico, los verdaderos patrocinadores de sus dirigentes.
El llamado régimen neoliberal mantiene aún parte de su poder en el andamiaje institucional, principalmente en el Poder Judicial de la Federación y en el Instituto Nacional Electoral. De ahí se ha instrumentado la verdadera batalla en contra de las reformas de AMLO para constituir un nuevo modelo de nación.
Se entiende porque a través del INE se legitimaba al poder ejecutivo y legislativo y, a través del Poder Judicial, se reformaba constitucionalmente lo que aquellos acordaban. Esas dos instituciones fueron la matriz, la clave para los triunfos y la construcción del andamiaje del llamado neoliberalismo.
Ciertamente, así funciona el presidencialismo en México porque sin el Poder Legislativo a su favor, el poder ejecutivo tiene menos posibilidades de llevar a cabo sus propósitos administrativos y modificaciones constitucionales. Queda claro que así igualmente, en lo general, opera el actual régimen.
¿Pero si es el mismo INE con el que ha ganado AMLO y MORENA? Si, efectivamente. Lo que ocurre en el caso del INE, es que sus mecanismos de control meramente electoral han sido maniatados por la amplia participación ciudadana a favor de MORENA y su margen de maniobra como en el 2006 y 2012, se vio al mismo tiempo superado por el rechazo popular al PRI y al PAN principalmente.
¿Y ahora? Ahora la mayoría de los consejeros del INE, empezando por su presidente, Lorenzo Córdova, aún responden al modelo anterior y a intereses de quienes económica y políticamente los impulsaron. Por eso, ha sido el INE quien intervino directamente, bajo argumentos endebles, para eliminar diversas candidaturas de MORENA que suponían triunfos fáciles, lo que al mismo tiempo avaló sin tapujos el Poder Judicial.
Fue el INE quien intervino para que la papeleta que se utilizó en la consulta para juzgar a los ex presidentes de México cambiara sus términos y la Suprema Corte redactara una pregunta que hizo palidecer a doña estupidez y a don galimatías.
Ambos, INE y Poder Judicial, influyeron de manera directa para inhibir la afluencia ciudadana a las urnas.
Ha sido el Poder Judicial el que ha amparado a los delincuentes de cuello blanco y a las empresas involucradas en delitos contra el patrimonio nacional, desfalco a las arcas hacendarias en diversas modalidades y participación en estafas internacionales.
El Poder Judicial, ha sido el mayor obstáculo en el avance de las principales obras para el desarrollo nacional como el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.
Por su parte, el INE ha planteado que en la próxima consulta nacional para la revocación de mandato del presidente, que se llevará a cabo en marzo del próximo año, solo voten los mexicanos que tengan un equipo celular inteligente, lo que significa que a los pobres de este país se les está negando su derecho constitucional de participar en este ejercicio cívico.
Es decir, el INE, está condicionando a los mexicanos votar en la consulta si solo cuentan con la tecnología para el efecto, pisoteando de antemano su derecho constitucionalmente legítimo de ejercer su voluntad.
Es como si, con motivo de la pandemia, la SEP hubiese marginado a millones de niños pobres que no cuentan con dispositivos electrónicos para recibir clases a distancia. Para ello, la SEP imprimió millones de cuadernillos que envió a las escuelas de áreas marginadas en las ciudades y en los rincones más remotos del país.
El INE y el Poder Judicial se han constituido en los opositores reales, en el obstáculo más serio en las pretensiones de AMLO de instaurar un modelo de nación más justo y más democrático.
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