Gobierno demócrata sobre decisiones autócratas

Hay inconformidad en la militancia reflexiva de la verdadera izquierda morenista ante el nombramiento, en el gabinete de Rubén Rocha, de personajes de otras filiaciones y con antecedentes cuestionables, más allá de la molestia razonable de aquellos que estuvieron en campaña y se les prometió trabajo.

Es cierto, es facultad exclusiva del Ejecutivo Estatal nombrar y remover funcionarios, pero en nuestro sistema republicano, los gobernantes son electos a partir de ofrecer a los ciudadanos principios y valores con los que se rigen el o los partidos postulantes.

En este caso, ante una vocación demócrata no caben las decisiones autócratas, porque independientemente de la facultad constitucional para extender nombramientos, estos deben estar motivados y fundamentados en la moral y los principios con los que se prometió gobernar. Nombrar a personas identificadas con otras siglas y pensamientos, no es necesariamente pluralidad si en sus antecedentes públicos no existe la honesta y distinguida formación y vocación de servicio.

Es cierto que al interior de los gobiernos existen cuerpos de asesores con los que quizá se consulte una propuesta de perfil para ocupar tal o cual cargo, pero no lo es, cuando en muchos de los casos no se hace, o bien cuando los responsables formales se supeditan, como un miembro más del gabinete, a las decisiones personales del gobernante.

El gobierno de Rubén Rocha y de MORENA, debe marcar la diferencia con los regímenes pasados, y establecer un sistema de contrapesos internos, no para confrontar, sino para analizar con responsabilidad las políticas públicas del gobierno y de los perfiles que deben integrarse para el efecto.

Una cosa debe ser el gabinete, quien se rige bajo el liderazgo y las decisiones del Ejecutivo y, la otra, la conformación de un equipo externo que coadyuve, solo a nivel de consulta, a la toma de decisiones, a la definición de políticas públicas y al análisis del por qué y los para qué, de forma flexible, tolerante y plural, de quienes las conducirán en base a la moral y los principios rectores de un proyecto o modelo de gobierno.

¿Con quién consulta el gobernador sus decisiones? ¿O sencillamente las toma en base a compromisos personales o en base a recomendaciones superiores o de amigos? Es solo una pregunta obligada.

Lo anterior porque ha extrañado mucho, entre Morenistas, algunos nombramientos de funcionarios, como en el caso de Roberto Cruz, por lo que se sienten con el derecho de conocer las motivaciones centrales que llevaron a Rocha a otorgar este y otros nombramientos.

El propio presidente López Obrador ha dicho que no solo debe gobernarse con la ley, sino además con los principios de un proyecto con una moral distinta, como califica, a la de los conservadores. No mentir, no robar, no traicionar y todo lo que implique alejarse del nepotismo y la autocracia, del amiguismo, el influyentismo, la conveniencia y los caprichos personales. Ese ha sido el reto hasta hoy, en buena parte incumplido, del morenismo.

El gobernador Rubén Rocha, más allá de su facultad exclusiva de nombrar y remover a sus funcionarios, tiene la obligación moral de rendir cuentas ante aquellos que son sus compañeros de proyecto, de ideas y principios, quienes lo impulsaron y coadyuvaron de manera importante para que en Sinaloa se imponga un verdadero gobierno de la izquierda democrática, plural, transparente y propositiva.