La suerte del Químico Benítez y el destino de Mazatlán en manos del Congreso

Los próximos días serán cruciales en el Congreso del Estado, para la administración municipal que encabeza el Químico Luis Guillermo Benítez. Son dos las auditorías cuyos resultados podrían derivar en desafuero del cargo y, en consecuencia, de darse el caso, en sanciones administrativas y/o penales.

No hay que confundirse en el tema del arqueo a los recursos públicos del Ayuntamiento de Mazatlán, de parte de la Auditoría Superior del Estado. Para empezar la auditoría a la cuenta pública del 2020 ya se cerró y, como lo adelantamos en exclusiva, la administración que preside Luis Guillermo Benítez no pudo comprobar más que el 27 por ciento del total de las observaciones hechas por la ASE, es decir, un 73 por ciento de anomalías quedaron sin solventar.

Lo anterior, que es grave, ya se encuentra en poder del Congreso y no hay marcha atrás. Lo otro, es el plazo de tres días, que ya se cumplieron, que la Auditoría Superior dio a la Administración del Químico Benítez para que solventara las irregularidades de los contratos que, por adjudicación directa, dio a Azteca Lighting por la suma de 530 millones de pesos. Este último dictamen, producto de una auditoría especial, llegará el lunes 12 de septiembre a manos de la Comisión de Fiscalización que preside el Diputado Sergio Mario Arredondo.

Con relación a la cuenta pública del 2020, todo indica que no será aprobada por la mayoría de los diputados, sobre todo porque en las filas de los legisladores morenistas existe la idea de que es “imposible hacer lo contrario,” y porque tienen claro lo que públicamente ya dijo el gobernador Rubén Rocha, en el sentido de que no metería las manos ni sería tapadera de quienes hagan mal uso de los recursos públicos.

En el caso de Azteca Lighting, ha trascendido, por más que diga el Químico Benítez que rescindió el contrato con esa empresa, que el tema central no es ese, sino que violentó la ley madre de la transparencia al realizar millonarias adjudicaciones directas a la misma empresa sin convocar a una licitación abierta.

Rescindir un contrato no significa borrón y cuenta nueva, menos cuando hubo millonarios adelantos para una obra cuyos costos son dudosos y que, de cualquier forma, implica daños graves al erario. En este caso, el Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento tuvo que haber solventado el por qué y en base a qué se optó por la adjudicación directa; si hubo un estudio de mercado, un análisis comparativo de calidad y precios, si la inversión no sobrepasaba la capacidad financiera y si los millonarios recursos públicos destinados a iluminación disminuían la inversión en necesidades básicas como agua potable, pavimentación, drenaje, alumbrado, seguridad, recolección de basura y compra de equipo diverso etc. No, no se trata de regresar unos tenis a la zapatería.

¿Qué ocurrirá si el Congreso no aprueba la cuenta pública del municipio de Mazatlán y en especial lo relativo a las millonarias adjudicaciones directas? Las cuentas regresarán a la ASE y con ello la obligación de esta institución de valorar las faltas más graves. Si en esta evaluación existen elementos que trasgreden la ley, la obligación de esta institución es dar parte a la Fiscalía General del Estado para su pronta intervención. Se estima que este procedimiento de ley, si se da el caso, pudiera generarse antes de que termine el mes de septiembre y con ello la solicitud de desafuero al Congreso de parte de la Fiscalía, con el fin de abrir una carpeta de investigación y proceder en consecuencia.

Por lo pronto la clase política del morenismo en Sinaloa ha marcado distancia de Luis Guillermo Benítez Torres, así como algunos empresarios que en el pasado inmediato lo apoyaron. Para no pocos morenistas en Sinaloa el alcalde de Mazatlán está solo y acorralado.

La visita del presidente López Obrador de cuyo evento el alcalde fue marginado, la importante reunión del embajador de México en Estados Unidos a la que no fue invitado por recomendación misma de la comitiva estadounidense, el deslinde de la dirigente estatal de MORENA, Merary Villegas, quien ha dicho en reuniones con líderes de la 4T que al único que reconoce como su jefe político en Sinaloa es al gobernador Rubén Rocha, todo ello ofrece una idea clara de la orfandad y la soledad de un hombre sin agenda, sin rumbo y con declaraciones irreales, propias de quienes creen que la soberbia les permite decir y hacer lo que le venga en gana sin que haya consecuencias.

Por lo pronto el destino de los mazatlecos está en manos del Congreso. Ya veremos hasta dónde se aplica la ley en todas estas observaciones que sugieren desorden y corrupción, más allá de la frivolidad y la falta de capacidad del alcalde para el consenso y el acuerdo con la oposición interna.  Claro, MORENA, de optar por la protección política actuando con descaro ante las evidencias, en el pecado llevará la penitencia.